REPENSANDO LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: PROPUESTA DE MEJORA

Paolo Del Aguila Ruiz De Somocurcio

Resumen.

El reconocimiento de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) en nuestra normativa sobre contrataciones con el Estado, como un mecanismo alternativo y adicional para la prevención y resolución de controversias, es muy positivo y, no cabe dudas, ayudará en el corto plazo, de forma decidida, al fin último, cual es el desarrollo eficaz del proyecto contemplado en el contrato de obra. Sin embargo, como toda regulación legal es perfectible; máxime cuando la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE), así como la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD (Directiva), normas que regulan esta institución, presentan algunos problemas y hasta contradicciones.

Un problema gravitante en su regulación y, por tanto, materia de reforma urgente para su mejora, está vinculado con las competencias de la JRD. En efecto, consideramos que haber limitado o prohibido su ámbito de decisión le ha restado fortaleza y, con ello, efectividad a su labor en pro del buen avance de la obra. Impedir que la JRD se pronuncie sobre prestaciones adicionales, indemnizaciones y prohibir que su competencia se extienda hasta la liquidación del contrato es un error grave, por un lado, porque la JRD es un órgano técnico que sigue y “vive” la obra y, por tanto, es quien mejor puede brindar una decisión acerca de estos temas; y por otro lado, al restarle esa competencia, termina “judicializando” un campo de acción importantísimo, generando de ese modo tiempos excesivos, poca predictibilidad y decisiones no necesariamente técnicas, justo todo lo que se quería evitar con la implementación de la JRD.

Por estas razones, planteamos la reforma en los alcances de sus competencias, conforme se desarrollará a continuación.